Implementación del Expediente Electrónico como herramienta que facilita el acceso a la justicia

Agilizar los trámites de los procesos judiciales ha sido uno de los retos más importantes de nuestro sistema judicial, desafío que se volvió aún más relevante desde que inició la pandemia. Por esta razón el gobierno aprobó el Decreto 806, que facilita el acceso a la justicia a través de medios virtuales

“Este decreto tiene como objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria . . . pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este”.

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Uno de las herramientas que facilita la implementación de la justicia digital es la digitalización de expedientes judiciales, ya que permite al Poder Judicial presentar una versión digital de la documentación generada por el despacho judicial. Su implementación en Colombia se viene estableciendo desde la publicación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 – 2020, como parte del proceso de modernización y transformación digital de la Rama Judicial. 

Si esta herramienta se implementa correctamente no solo se podría usar para consulta de documentos o procesos legales, con ella también se podrán ejecutar radicaciones y contestaciones de demandas, realizar presentaciones personales, interponer recursos o anexar documentación a procesos existentes. 

Algunos países que han implementado el expediente judicial electrónico en Latinoamérica son Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay y Argentina, cada uno con retos y procesos diferentes. Para entender cómo ha funcionado en la región abordaremos dos casos, Perú y Costa Rica.

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En Perú cuentan con el EJE, un mecanismo electrónico que se implementó en 2017 para buscar celeridad y transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo de los órganos jurisdiccionales. Gracias a este los abogados pueden remitir por vía electrónica los expedientes al juez, quien puede producir resoluciones y responderlas, también, de manera electrónica. Además, gracias a esta herramienta los ciudadanos pueden consultar el estado de sus procesos desde sus computadores.

Para velar por el correcto funcionamiento de la plataforma cada individuo usa un DNI electrónico, una firma electrónica y certificados digitales, que permiten al usuario identificarse ante el Estado de forma plenamente segura. 

Nicaragua, por su parte, no hizo su transformación digital gracias a una ley de acceso a la justicia, sino a un programa biosostenible de Papel 0 (que busca reducir al máximo el uso de papel en el país). En este modelo el ciudadano puede usar medios electrónicos para tramitar procedimientos, por lo que requiere de una firma y usuario electrónico para identificarse. Aún así el acceso al expediente es acreditado presencialmente, en donde se le otorga un medio para consultar los expedientes que requiere. 

Administrar justicia de manera virtual requiere planeación, estructura técnica, herramientas concretas, directrices claras y estar abiertos a las nuevas alternativas tecnológicas que las legal tech tienen para ofrecer. Contar con soluciones tecnológicas como Vigpro para digitalizar los expedientes judiciales facilitará el trabajo de las compañías y firmas de abogados. 

Fuentes: